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Los datos para esta investigación provienen de una encuesta contestada por representantes de 416 OSC de 19 países de América Latina y 26 entidades donantes públicas y privadas, tanto de la región como internacionales. Adicionalmente, se realizaron varias entrevistas en profundidad. La investigación fue realizada por CIVICUS e Innpactia en colaboración con varias plataformas y redes de la sociedad civil en la región.
El análisis confirma que la búsqueda de oportunidades de financiamiento exige inversiones considerables para todos los tipos de actores de la sociedad civil, pero el éxito de estas inversiones es muy variable. Las OSC establecidas, con más recursos y un largo historial tienen una mayor tasa de retorno de la inversión gracias a que tienen claras ventajas para encontrar oportunidades de financiamiento, presentar propuestas, calificar y negociar con los donantes, en comparación con los grupos pequeños, informales o recientemente establecidos. Por su lado, las OSC más necesitadas carecen de las condiciones para invertir en estos procesos y cumplir con los requisitos de los donantes. Como resultado, sus tasas de éxito son muy bajas y quedan atrapadas en un círculo vicioso donde luchan por asegurarse los recursos mínimos para sostenerse en el tiempo y adquirir habilidades para aumentar sus posibilidades de obtener financiamiento.
En el tema de costos, se destaca que las entidades donantes invierten recursos significativos durante el proceso de asignación de recursos, lo que varían según la naturaleza del donante y el tipo de proceso de selección utilizado. Estos costos de transacción pueden llegar a ser muy altos y revelan un uso improductivo de los recursos que las OSC podrían destinar a su trabajo de misión crítica.
En síntesis, el análisis sugiere que el sistema de financiamiento de la sociedad civil en América Latina es altamente ineficiente y no apoya ni fortalece adecuadamente a los actores que están en los frentes de lucha social, desempeñando un papel insustituible en la promoción del desarrollo, la democracia y los derechos humanos, especialmente aquellos que defienden el espacio cívico y los derechos de las poblaciones marginadas y los grupos vulnerables. Es necesario reconsiderar el sistema a fondo y desde una perspectiva de equidad y sostenibilidad.
El informe ofrece además cinco recomendaciones a los donantes para que apoyen una distribución de recursos más eficiente, equitativa y mejor adaptada al contexto latinoamericano.
En 2019, CIVICUS e Innpactia publicaron un primer informe que presenta datos y retos clave sobre el panorama de recursos para las OSC en América Latina basado en un análisis de 6.657 convocatorias para la provisión de recursos para el desarrollo.
Siete consejos para pedir financiamiento a fondos/donantes feministas, por Alejandra Sardá
Desde hace muchos años soy consejera de fondos feministas. Trabajé cinco años en uno de ellos (Mama Cash) y desde este año formo parte de dos comités de selección participativa de proyectos – la de Mama Cash y la de ACTIF, un fondo canadiense que apoya proyectos LBGTIQ. Estos consejos nacen de lo que vi, escuché y pensé en todo este tiempo, y también de lo que conversé con otres consejeres y donantes. Como todo en el planeta que habitamos, no son perfectos y no cubren todas las circunstancias ni posibilidades. Mi esperanza es que sean al menos un poco útiles.
Lea el documento completo aquí.
México enfrenta una severa crisis en materia de derechos humanos, caracterizada por numerosos casos
de ejecuciones extrajudiciales y por la práctica sistemática y generalizada de la desaparición forzada y la
tortura, entre otros tipos de violaciones que ocurren en un marco de prácticamente absoluta impunidad.
La ausencia de responsabilidad individual penal y del castigo correspondiente para los perpetradores
establece y fortalece un contexto institucional en el que el delito y las violaciones a los derechos humanos
se reproducen sin ningún tipo de contrapeso, incentivando su repetición sistemática. Mediante el análisis
detallado de una serie de casos, este informe ofrece evidencia que muestra que la impunidad en materia de
violación a los derechos humanos suele ser resultado de una serie de acciones realizadas con el fin explícito
de garantizar que no haya castigo o sanción para los responsables, lo que en este trabajo de investigación
orientada a la incidencia se presenta como “impunidad activa”. Asimismo, identifica distintos mecanismos
concretos mediante los cuales esta impunidad se produce. La constatación de la impunidad no accidental
o instrumental–estratégica lleva a los autores de este informe a argumentar a favor del establecimiento en
México de algún esquema de supervisión internacional de la justicia, que contribuya a romper el ciclo de
la impunidad en el país. Para ello, se revisa con detalle un conjunto de experiencias de este tipo, puestas
en práctica recientemente tanto en México como en otros países de América Latina, retomando de ellas
lecciones y buenas prácticas. Para concluir, se hace un recuento de sus principales argumentos y plantea
recomendaciones concretas, encaminadas a la instrumentación en el país de un mecanismo internacional
de supervisión de la justicia.