En la última década, los países han reconocido cada vez más el espacio cívico como piedra angular para el funcionamiento de las democracias. El espacio cívico se define como el conjunto de condiciones legales, de política pública, institucionales y prácticas que los actores no gubernamentales necesitan para acceder a la información, expresarse, asociarse, organizarse y participar en la vida pública. Los países miembros de la OCDE reconocen explícitamente la necesidad de proteger y promover el espacio cívico como parte de la Iniciativa para fortalecer la democracia (RDI, por sus siglas en inglés) de la OCDE a través de la Declaración Ministerial adoptada en Luxemburgo en 2022.

Esta guía contribuye a los objetivos de esta iniciativa (RDI): proteger y promover un espacio cívico dinámico y protegido es fundamental para su pilar 2, en particular, que se centra en potenciar la participación, la representación y la apertura en la vida pública. Al fomentar un entorno más inclusivo y participativo, el pilar 2 pretende reforzar los procesos democráticos y garantizar que todos los ciudadanos tengan oportunidades significativas que les permitan participar en la toma de decisiones públicas. Los resultados de La Encuesta de la OCDE sobre los Factores que Impulsan la Confianza en las Instituciones Públicas 2024 muestran que sólo tres de cada diez personas en toda la OCDE piensan que el sistema político permite a las personas como ellos opinar sobre lo que hace el gobierno y que el gobierno utilizaría las aportaciones de una consulta pública. Dada la estrecha relación entre estas percepciones y la confianza en el gobierno, estos resultados subrayan la necesidad de que los gobiernos refuercen las oportunidades de compromiso y participación significativos.