
Informe sobre el derecho a la protesta
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México enfrenta una severa crisis en materia de derechos humanos, caracterizada por numerosos casos
de ejecuciones extrajudiciales y por la práctica sistemática y generalizada de la desaparición forzada y la
tortura, entre otros tipos de violaciones que ocurren en un marco de prácticamente absoluta impunidad.
La ausencia de responsabilidad individual penal y del castigo correspondiente para los perpetradores
establece y fortalece un contexto institucional en el que el delito y las violaciones a los derechos humanos
se reproducen sin ningún tipo de contrapeso, incentivando su repetición sistemática. Mediante el análisis
detallado de una serie de casos, este informe ofrece evidencia que muestra que la impunidad en materia de
violación a los derechos humanos suele ser resultado de una serie de acciones realizadas con el fin explícito
de garantizar que no haya castigo o sanción para los responsables, lo que en este trabajo de investigación
orientada a la incidencia se presenta como “impunidad activa”. Asimismo, identifica distintos mecanismos
concretos mediante los cuales esta impunidad se produce. La constatación de la impunidad no accidental
o instrumental–estratégica lleva a los autores de este informe a argumentar a favor del establecimiento en
México de algún esquema de supervisión internacional de la justicia, que contribuya a romper el ciclo de
la impunidad en el país. Para ello, se revisa con detalle un conjunto de experiencias de este tipo, puestas
en práctica recientemente tanto en México como en otros países de América Latina, retomando de ellas
lecciones y buenas prácticas. Para concluir, se hace un recuento de sus principales argumentos y plantea
recomendaciones concretas, encaminadas a la instrumentación en el país de un mecanismo internacional
de supervisión de la justicia.
Desde 2015, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Centro de Recursos) identificó más de 3.100 ataques a nivel mundial contra personas líderes y lideresas comunitarias, labriegas, trabajadoras, sindicalistas, grupos de la sociedad civil y otros/as defensores/as que habían elevado preocupaciones en casos de prácticas empresariales irresponsables.
Más del 40% de estos ataques se hicieron en la forma de acoso judicial, incluyendo las acciones judiciales abusivas contra la participación pública, conocidas como SLAPPs.
Este primer análisis global de litigios que tienen el sello de las SLAPPs entablados o llevados a cabo por actores revela que esta táctica se utiliza en todas las regiones del mundo para intimidar a la gente para que guarde silencio.
Cada año, CIVICUS publica el Informe sobre el estado de la sociedad civil, en el cual analiza la forma en que los acontecimientos y las tendencias contemporáneas repercuten sobre la sociedad civil y el modo en que ésta responde a las principales cuestiones y problemas del momento. Esta, la décima edición del informe, se centra en la acción de la sociedad civil y en los acontecimientos que le afectaron en 2020, al mismo tiempo que retrocede 10 años para examinar la actividad de la sociedad civil a lo largo de la última década y destacar algunas ideas clave para la acción en 2021 y más allá.